El pasado martes 11 de febrero se realizó la segunda sesión de la Comisión Sectorial Minera del Consejo Superior Laboral (CSL), instancia que reúne a autoridades, empleadores y trabajadores del sector para formular propuestas e impulsar políticas públicas en minería. En esa oportunidad, el comité realizó un balance de su primer taller sobre seguridad minera y conversó en torno a las presentaciones de los representantes de ChileValora y de la subsecretaría de Prevención del Delito.
El encuentro contó con la presencia del subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo; la secretaria ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo; y el asesor del Departamento de Crimen Organizado de la Subsecretaría del Interior, Mario Vergara, en representación de las autoridades. Estos dos últimos expusieron sobre los desafíos y oportunidades en cuanto a certificación minera desde la visión de ChileValora, mientras que desde la Subsecretaría presentaron cifras respecto al robo de cables y cátodos de cobre.
Por su parte, los trabajadores estuvieron presentes a través de Juan Álvarez, vicepresidente Zona II de la Federación Minera de Chile; Ricardo Calderón, consejero nacional de la Federación de Supervisores del Cobre; y Hugo Páez, de la Confederación Minera de Chile, quien participó vía telemática. En tanto, Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero; Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional Minera; y Dominique Viera, presidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería y coordinadora de la instancia, estuvieron en representación de los empleadores.
Según lo expresado por las autoridades, el Sernageomin verá una reducción de $1.500 millones en su presupuesto. Ante esto, el subsecretario Boccardo aseguró que “la voluntad del gobierno es que no hay temas que no se puedan discutir acá”, y que, pese al complejo panorama, el Ejecutivo impulsará todas las medidas que generen consenso en la mesa sectorial.
Preocupación por el crimen organizado y el robo de cobre
El impacto del crimen organizado en la minería fue un de los puntos importantes de la sesión. En su presentación, Mario Vergara, asesor del Departamento de Crimen Organizado de la Subsecretaría del Interior, advirtió sobre el aumento del robo de cobre y las dificultades para combatir este delito de manera efectiva.
“El robo de cobre ha sido identificado como una prioridad en los planes regionales contra el crimen organizado en varias zonas del país”, señaló Vergara, explicando que las regiones de Antofagasta, Atacama y O’Higgins han desarrollado estrategias específicas para enfrentar esta problemática.
Uno de los principales desafíos radica en la falta de coordinación interinstitucional y en la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización. En este sentido, Vergara destacó que se han implementado patrullajes y fiscalizaciones en rutas estratégicas, aunque reconoció que el problema sigue siendo complejo.
“Nos llevamos varios desafíos, entre ellos mejorar la coordinación y avanzar en el intercambio de información para enfrentar este tipo de delitos”, afirmó. Además, recalcó la importancia de fortalecer el monitoreo y rastreo de mercancías robadas para desmantelar las redes que operan en el tráfico ilegal de cobre.
Ante esta situación, desde la Comisión se planteó la necesidad de seguir avanzando en mecanismos de protección para las faenas mineras, integrando a todos los actores involucrados en la industria.
CTMIN exige medidas urgentes
Sobre este tópico, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) ha manifestado su profunda preocupación, destacando que el crimen organizado ha convertido este delito en una amenaza que no solo afecta la economía nacional, sino que también pone en riesgo la seguridad de las y los trabajadores mineros.
Según estadísticas de la industria, en 2024, la Compañía General de Electricidad (CGE) reportó el robo de 153,5 kilómetros de cable de cobre, equivalentes a 45 toneladas del metal, en 451 hechos delictivos entre Arica y La Araucanía. Estos incidentes dejaron sin suministro eléctrico a 165 mil clientes y generaron pérdidas por más de $2.190 millones en reparaciones.
Además, CTMIN también indicó que la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una banda conocida como el “Cártel del Cobre”, organización que operaba en complicidad con empresas de fundición para comercializar el material robado, evidenciando que estos robos no son casos aislados, sino parte de una red delictual bien estructurada y sobre la cual se necesita una respuesta contundente por parte de las autoridades.
Francisco Jaramillo, subdirector de Operaciones de CGE, señaló a El Tipógrafo que estas bandas operan a nivel interregional con logísticas complejas y alto grado de violencia, incluso llegando a tomar rehenes en faenas mineras. Además, advirtió que el cobre robado y posteriormente reciclado sin certificación SEC puede generar cables de baja calidad, incrementando el riesgo de incendios por sobrecalentamiento.
La CTMIN ha subrayado la urgencia de una respuesta más rápida y eficaz por parte de las autoridades para enfrentar esta crisis, criticando además la lentitud con la que el Congreso ha legislado sobre la materia. En ese sentido, la entidad solicitó que se consideren las medidas propuestas desde la Coordinadora, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad de las y los trabajadores del sector minero.