El miércoles 11 de septiembre se confirmó una catastrófica noticia para los trabajadores y transportistas de la ciudad de Arica. Finalmente, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta decidió aceptar de manera parcial la medida cautelar solicitada por el Consejo de Defensa del Estado en la demanda que lleva a adelante en contra de Quiborax S.A. por daños irreparables al Salar de Surire, Región de Arica y Parinacota.
Así lo estimaron la ministra Sandra Álvarez y los ministros Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro, quienes acordaron la “paralización de toda actividad de operación de la demandada, Quiborax S.A., dentro de los límites establecidos para el sitio Ramsar del Salar de Surire, hasta el 31 de diciembre de 2024″, según indica la resolución.
Pese a que el CDE solicitó la paralización total de las actividades de la tercera productora de ácido bórico a nivel mundial mientras dure el juicio, la actuación del ministro Alfaro permitió que la acción se circunscribiera únicamente dentro de los límites establecidos para el sitio Ramsar del Salar de Surire y en un plazo fijo.
Sin embargo, en el mismo escrito se indica que “las medidas cautelares son esencialmente provisionales, de manera que siempre podrán alzarse o modificarse ante un cambio de las circunstancias que las motivaron”, situación que podría ocurrir tras el próximo 2 de octubre, fecha en la que se desarrollará una inspección personal por parte del tribunal en la faena emplazada a 4.200 metros sobre el nivel del mar.
La economía por sobre las personas
Un Estado irresponsable. Ese es el sentir de Roberto Hernandez, presidente del Sindicato de Trabajadores Quiborax, quién acusa al CDE de velar únicamente por los intereses económicos del país en desmedro del sustento de miles de personas, obviando la situación social que generará un aumento del desempleo en el norte, que alcanza a 2 mil trabajadores (y que afecta a 8 mil personas en total, si incluimos sus familias).
El dirigente señala que “el Consejo Defensa del Estado está viendo los intereses del Estado únicamente por la parte económica, pero de la parte humana nada”. Asimismo, siente que con esta actuación “el Estado está metiendo la mano en nuestros bolsillos”.
Además, Hernandez asegura que la medida cautelar ya generó 200 cesantes en la región el mismo día de aprobada la cautelar, ya que existen maquinarias de terceros que no se pudieron retirar antes de cerrar la planta, junto con cerca de 400 mil toneladas de ulexita que podrían mantener con vida a la empresa durante este año y que solo podrá ser extraido mediante iniciativas legales.
Felipe Román, presidente de la FMC, ha estado pendiente de la situación y en contacto con los trabajadores de Quiborax. “Hay una sensación de angustia, de no saber si a lo mejor a fin de mes quedan sin trabajo. No saben si va a haber un despido masivo o va a ser localizado”, asegura.
Román asegura que la Federación ha conversado con autoridades regionales y del gobierno central para concientizar sobre el impacto social y el aumento en la brecha de desigualdad que generará el prosperar con la cautelar, esperando que, de alguna u otra manera, el Estado pueda mitigar la irresponsabilidad que han cometido en contra de Arica y su gente.