Seleccionar página

Preocupación existe entre los trabajadores de Quiborax S.A tras la demanda que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso el pasado 15 de julio en contra de la empresa por daños al Salar de Surier. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dio el visto bueno a este documento que solicita la suspensión de las actividades de la industria mientras dure el juicio por posibles daños ambientales al santuario ubicado en la Región de Arica, lo que podría repercutir en más de 2 mil puestos de trabajo.

Según el requerimiento, el CDE acusa a la empresa de ocasionar, durante 37 años, un “daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable en un área protegida, icónica a nivel nacional e internacional”. Además, el escrito señala que Quiborax S.A. ha actuado de manera culposa al haber “ignorado absolutamente aquellos deberes de cuidado que le eran exigibles”, incumpliendo también con su deber de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Los trabajadores de Quiborax S.A. están de acuerdo en que es necesario realizar cambios para alcanzar una minería sustentable, sin embargo, su problema es otro. Entre las exigencias, el organismo del Estado solicita que, a raíz del incumplimiento de los estándares suscritos en la Ley Nº19.300, “se decrete la suspensión completa y total de la faena minera de Quiborax, por el lapso que dure el juicio”.

Si el Primer Tribunal Ambiental acepta a cabalidad la comparecencia, la detención total de las faenas de la otrora Empresa Química e Industrial del Bórax afectará a más de 8 mil personas en la zona. Los tres sindicatos que forman parte de Quirobrax saben que estos procesos son de años, por lo que exigen ser considerados antes de tomar una decisión.

Miles de personas en la incertidumbre

De confirmarse la medida solicitada por el CDE, uno de los afectados será el Sindicato de Trabajadores Quiborax, asociación perteneciente a la Federación Minera de Chile (FMC). Aunque son concientes de la necesidad de avanzar en materia de responsabilidad ambiental, sostienen que la detención de las faenas generará un perjuicio mayor a la región.

Así lo asegura Roberto Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores Quiborax, quien señala estar de acuerdo con que la demanda siga su curso, siempre y cuando no afecte a las comunidades. “Los juicios normalmente son de larga duración, entonces al cerrar esa extracción nosotros quedaríamos cesantes, sin trabajo”, advierte.

“En Arica, por ser zona extrema, existe una falta de presencia por parte del Estado. Aquí han habido varias polémicas entorno a la delincuencia y la inmigración ilegal, entonces, generar otro impacto social más en la ciudad traería consecuencias muy negativas”, asegura.

La FMC ha seguido con atención este tema, evidenciando su preocupación por los miles de trabajadores que se verán afectados. Juan Álvarez, presidente (s) de la federación, pusó a disposición del Sindicato Quiborax todas las herramientas de la organización, calificando de gravísima la cautelar solicitada por el CDE a razón de los plazos del proceso.

“Un juicio de estas de estas características demora a veces años y significaría dejar sin trabajo a miles de personas, grupos familiares que se van a quedar sin ingresos y a una ciudad que también es dependiente de las remuneraciones que reciben los trabajadores que viven ahí”, advierte.

A través de Álvarez, la Federación Minera de Chile comprometió su apoyo a las y los trabajadores que están pasando por momentos de incertidumbre, a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta tome una decisión que evite poner en riesgo el sustento de miles de familias en la región.