El 8 de marzo de 2024, mientras miles de mujeres en Chile y el mundo conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer, la minería chilena perdió a una de las suyas. Ana Camila Rojas Farías, operadora de equipo pesado en la División Radomiro Tomic, murió por un accidente en su lugar de trabajo. Su partida no solo nos recuerda los riesgos inherentes a la industria, sino también la deuda pendiente en materia de seguridad laboral con perspectiva de género.
Históricamente, la minería ha sido un bastión masculino con escasa presencia femenina. Sin embargo, en las últimas décadas hemos sido testigos de un incremento en la incorporación de mujeres al sector, pasando de representar un 8,9% de la fuerza laboral en 2018 a un 21,8% en 2024, según cifras de Fundación Chile. Este aumento, aunque alentador, se ha concentrado principalmente en áreas de servicios, dejando una brecha en roles operativos y de toma de decisiones dentro de las faenas mineras.
Dicha segmentación laboral limita el potencial de nuestras trabajadoras y perpetúa estereotipos de género. Por lo mismo, es imperativo que las políticas de inclusión no solo se centren en aumentar el número de mujeres en la industria, sino también en garantizar su participación en todos los niveles y funciones, promoviendo una verdadera equidad.
En la lucha contra la violencia y el abuso en los espacios de trabajo, es importante mencionar la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en marzo de 2023 y la implementación de la Ley Karin en agosto de 2024. Ambos hitos claves en la protección de las trabajadoras al establecer medidas contra el acoso sexual y la violencia laboral.
No obstante, preocupa que, a pesar de la obligatoriedad de la ley, una proporción significativa de empresas mineras aún no haya adoptado los protocolos necesarios para su cumplimiento. Esta negligencia no solo vulnera los derechos de las trabajadoras, sino que también complejiza la implementación de una normativa que, si no se establece con criterios claros, no logrará construir ambientes laborales seguros y respetuosos.
Desde una perspectiva sindical y de justicia laboral, es crucial intensificar los esfuerzos para la correcta aplicación de la Ley Karin, mejorando los protocolos y cumpliendo con el espíritu de la ley. En esto, los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la vigilancia y denuncia de incumplimientos, así como en la educación de sus afiliados sobre sus derechos y mecanismos de protección, transformando la colaboración entre sindicatos, empresas y el Estado en esencial para erradicar prácticas abusivas y fomentar una cultura de respeto e igualdad.
No podemos hablar de seguridad en minería sin abordar un problema estructural que sigue sin resolverse: el diseño de los Equipos de Protección Personal (EPP). En muchas faenas, las trabajadoras mineras continúan recibiendo implementos fabricados para hombres, desde guantes hasta arneses, lo que compromete su seguridad en el trabajo. Es inaceptable que en una industria que maneja altos estándares en prevención de riesgos, muchas mujeres aún no cuenten con implementos adaptados a su fisionomía.
La conmemoración del 8 de marzo nos recuerda que la lucha por los derechos de las mujeres es continua y requiere el compromiso de toda la sociedad. En la minería, este compromiso se debe traducir en acciones concretas que garanticen la igualdad de oportunidades, la protección de los derechos laborales y el reconocimiento del invaluable aporte de las mujeres al desarrollo del sector.
Es responsabilidad de todos y todas construir una minería inclusiva y segura, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente y sin restricciones. Porque el derecho a trabajar en igualdad también es el derecho a trabajar sin miedo.
Beatriz Torres, vicepresidenta Zona I de la Federación Minera de Chile