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REPORTAJE INFORMATIVO

Un complejo e incierto escenario laboral es el que están viviendo más de 1800 trabajadores y trabajadoras de la Empresa Quiborax ubicada en la región de Arica y Parinacota, ante un conflicto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que podría poner en riesgo la continuidad operacional de la mina que extrae ulexita desde los salares de Surire.

La situación se remonta hace seis meses durante los cuales se han realizado diversas mesas de trabajo para discutir una nueva resolución de la CONAF, en particular una interpretación del decreto N°12 del año 1989, que ha planteado la nueva directora de la corporación, Ingrid Robles, en relación a la ampliación del radio de seguridad para las colonias de flamencos que habitan en el Salar de Surire y con lo cual se generaría la reducción completa del área de extracción de mineral de la empresa Quiborax.

A raíz de esta situación que mantiene en una gran incertidumbre a las y los trabajadores y dirigentes sindicales de las organizaciones afectadas, Sindicato de Trabajadores Quiborax, Sindicato N°3 Mina Salar de Surire y Sindicato de Trabajadores Quiborax N°2, la empresa ya los habría notificado de posibles despidos a partir del 15 de diciembre de no llegar a un acuerdo con CONAF y la Seremía de Agricultura, fundamentados en que no sería posible mantener el negocio más allá de mayo del próximo año.

Por este motivo, la Federación Minera de Chile, a través de su presidente, Felipe Román, solicitó una reunión de carácter urgente para el día de ayer, con seremi del Trabajo y Seremi de Agricultura de la región, para esclarecer los argumentos que fundarían esta nueva resolución y analizar en conjunto posibles vías de solución que no afecten las numerosas fuentes laborales con el consiguiente impacto en las familias y comunidad de Arica, considerando que es la mayor fuente de empleo y productividad para la zona.

Fue así como a la reunión virtual, se hizo presente la Seremi del Trabajo, Jennifer Lazo, quien se encontraba al tanto de la situación ya que, habría asistido a un encuentro previo con la gobernación regional, donde participaron representantes de las seremías de agricultura, medio ambiente, minería y CONAF. Mientras que la símil de Agricultura, se excusó por no asistir a la reunión zoom convocada por la FMC, debido a que la solicitud no se realizó por medio de la ley de lobby.


En cuanto a la participación de dirigentes sindicales de las tres organizaciones comprometidas, estuvieron presentes el presidente del Sindicato Mina Surire Samuel Apaza, el presidente del Sindicato Quiborax N°2, Juan Pardo y el presidente del Sindicato de Trabajadores Quiborax, Roberto Hernández, además de otros integrantes de estos, quienes expusieron ante la personera de gobierno, sus preocupaciones y gestiones realizadas desde que fueron informados de esta situación.

En representación de la empresa, estuvo presente el Gerente General de Asuntos Públicos y abogado, Daniel Ocqueteau, quien fue el encargado de explicar en detalle la situación, calificándola como “anómala” y recalcó que, “por 40 años de funcionamiento de la empresa no ha presentado incumplimiento alguno y esto responde exclusivamente a una “patriada” de una persona, sin fundamentos técnicos ni legales”.

En cuanto al posible término de las operaciones, asegura, “Al no tener posibilidad de explotar los frentes de trabajo que tenemos planificado explotar por plan minero, porque tenemos derecho a ello, evidentemente es que tenemos que empezar responsablemente un plan de desvinculación y de liquidación de la empresa”.

“No hay ninguna persona, me refiero a autoridad pública o política que tenga los pantalones puestos para parar esto, que nunca se debió haber iniciado”, sentenció el abogado.

Marco Legal

Las faenas de Quiborax se desarrollan en el Salar de Surire en base a dos decretos; N° 116 del año 1978, que se refiere a unas pertenencias llamadas Santa Marta (1 a 245) y el decreto 12 del año 1989, que rige en las pertenecías que se denominan Quiborax y Soquimbor.

El decreto N° 12 promulgado el 13 de febrero 1989 por el Ministerio de Minería, establece ciertas áreas de exclusión desde las colonias de nidificación teniendo presente al momento de la dictación, que la actividad minera no afectase los sitios de las colonias de reproducción de flamencos. Esas distancias se han respetado, mantenido, consensuado y acordado con CONAF durante los últimos 30 años, aseguran sus dirigentes y el abogado Ocqueteau.

Año a año, Quiborax manda las coordenadas de las áreas de exclusión y por cuanto las áreas de explotación, siendo validadas por CONAF, a través de su equipo técnico registrando en actas de inicio de actividades, las cuales hoy la nueva administración dice no poseer, además de las fiscalizaciones y documentos de los últimos 30 años, lo que a juicio de Daniel Ocqueteau, el principio de continuidad administrativa se habría perdido.

En este sentido, los dirigentes señalan, que la directora estaría desconociendo esas directrices, (áreas de exclusión), que están determinadas por decretos y que son materia de recomendaciones de CONAF tal como lo establece la normativa.

En definitiva, lo que se pretende por parte de CONAF, es extender esas áreas de exclusión a espacios que no permitirían extraer el mineral que está proyectado en el plan minero, sin ninguna justificación ni argumento sólido y legal que lo ampare, aseveran los sindicalistas.

Acciones ante la contingencia

Actualmente, se está preparando a solicitud del gobernador regional, Jorge Díaz, un informe técnico que desarrolla el Centro de Tecnología Aplicada, asesor minero con alta competencia a nivel latinoamericano, quien hace más de 20 años realiza el plan de seguimiento ambiental del salar de Surire.

Este informe será puesto a disposición de todas las autoridades competentes en la última semana de noviembre, el cual se estaría elaborando con la máxima celeridad para su validación lo antes posible. A su vez, CONAF tendrá 10 días corridos para su revisión.

Sin embargo, según el experto en derecho, “dicho documento no diría nada más que lo que CONAF ya sabe, que la zona de exclusión que siempre ha recomendado la corporación, consensuadamente con Quiborax justifican y están plenamente aplicables en conformidad al decreto N°12”.

Por otra parte, existirían programas de contingencia ambiental que son presentados y aprobados por CONAF, elaborados a través de un Centro de Ecología Aplicada (CEA).

El actuar de las autoridades frente al conflicto

Desde la cartera de Trabajo, Jennifer Lazo, señaló que están tomando acciones en resguardo de las y los trabajadores, en el entendido que Quiborax entrega bastantes empleos directos e indirectos, por lo que se realizó una escalada a nivel central al área de conflicto del ministerio de esta problemática para buscar acuerdos.

En torno a esto, manifestó, “Sin duda, esta solución no la podemos dar 100% desde trabajo, tienen que haber voluntades también de los otros sectores. Sin embargo, cuando me reuní con las y los trabajadores les señalé que de parte de esta cartera vamos a accionar todo lo que estuviese a nuestros límites para poder buscar una solución y que ellos/as puedan tener la tranquilidad que sus puestos de trabajo no se vean afectados frente a esta discusión que hoy día hay”.

A su vez, aclaró que ya se encuentra en conocimiento el Ministerio del trabajo, al cual le remitirá un informe respecto a la situación actual, con el fin de articular reuniones con las otras carteras involucradas, como así también representantes del mundo privado.

Por otro lado, ayer dirigentes de las organizaciones en cuestión, solicitaron reunión con la directora regional de CONAF, Ingrid Robles, la que fue agendada para las 16:30 horas, pero cerca de las 16:00 horas se les comunica que dicha instancia sería cancelada debido a labores en terreno de la personera de carácter urgente.

Asimismo, la autoridad de la cartera de Agricultura, Ana Rojas, en reunión previa, habría manifestado según el representante de Asuntos Públicos de Quiborax que, “Las empresas terminan sus ciclos y vendrán otras y el Estado puede hacerse cargo de esas personas que quedan cesantes” lo que finalmente diluyó el diálogo con la representante de la repartición pública.

Por su parte, la Federación Minera de Chile, en la voz de su líder, Felipe Román, enfatizó en la preocupación que ha generado este conflicto, que si bien, solo una de las organizaciones está asociada a la multisindical, el Sindicato de Trabajadores Quiborax, considera pertinente y necesario actuar por el colectivo de las y los trabajadores afectados, dando su respaldo y ejercer su rol como intermediario ante las autoridades para encontrar una pronta solución a esta problemática, siendo conscientes de la importancia que cabe el cuidado y respeto por el medio ambiente, pero velando también por los intereses y derechos de las y los trabajadores.

Es en este sentido, que la FMC, ya habría coordinado solicitudes de reuniones con autoridades de gobierno para discutir y poner de manifiesto su interés y colaboración para buscar una salida al conflicto.

Finalmente, los dirigentes agradecieron la oportunidad generada por la FMC y la disposición de la personera de trabajo para atender el requerimiento, pero además manifestaron su frustración al golpear diversas puertas durante dos meses, buscando respuestas al por qué de esta grave situación, sin encontrarla en los organismos públicos.

“Estamos cansados, la incertidumbre es abrumadora y está afectando la salud mental de las y los trabajadores a causa de la falta de voluntad política de una persona que no conoce de lo que está hablando, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque el tiempo se nos agota y ya no podemos seguir esperando”, puntualizaron.

Área de Comunicaciones

Federación Minera de Chile