Tras la incertidumbre que dejó el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y su decisión de paralizar temporalmente las actividades de Quiborax S.A. en su faena en el Salar de Surire, los trabajadores recibieron un espaldarazo por parte del Consejo Regional de Arica y Parinacota. Este 19 de septiembre, en la XVIII Sesión Ordinaria, sus miembros decidieron realizar un voto político a favor de los trabajadores de la productora de ácido bórico.
Durante el Consejo Regional, el gobernador Jorge Díaz propuso ante los integrantes del pleno dicho voto de respaldo. “Hemos asumido un voto político de acompañar las demandas y apoyar a los trabajadores de Quiborax, ya que el efecto no es tan solo a ellos, sino que a las empresas asociadas que corren el riesgo de sus actividades económicas”, expresó Díaz.
Pese a que existe acuerdo en la necesidad de preservar el medio ambiente, el gobernador agregó que es necesario lograr un equilibrio, entendiendo que el desarrollo económico de la región puede convivir con la protección de la naturaleza. En la misma línea, los consejores regionales Ximena Valcarce y David Zapata reafirmaron lo dicho por el gobernador, expresando además su preocupación por el desempleo que generará la cautelar.
Reacciones de los dirigentes regionales
Acciones legales por parte de los trabajadores
En este juicio, los trabajadores también tienen algo que decir. Es por esto que el 21 de septiembre los tres sindicatos de Quiborax ingresaron un oficio para ser terceros coadyuvantes a favor de la empresa en el juicio.
De esta manera, la intervención de los trabajadores tiene como finalidad el hacer “valer sus intereses legítimos como es el derecho fundamental de propiedad sobre su empleo, el cual se encuentra protegido y amparado por el artículo 19 N°19 N°24 de la Constitución Política de la República”, según indica el documento.
Quién lleva adelante la representación de los obreros es Carlos Opazo, abogado y candidato a CORE por la Región de Arica. Según indica el jurista, esta acción busca darle voz social, económica y política a los trabajadores en la defensa de sus intereses, los que comulgan con el fin último de la empresa de poder seguir operando en el salar.
“Como parte del juicio, tienen todo el derecho a contrarrestar, por ejemplo, los argumentos del Consejo de Defensa del Estado, a fortalecer los argumentos de Quiborax, a complementar los argumentos de Quiborax, o derechamente a hacer aportes que no se han hecho en el juicio”, precisa.
Todo está en veremos, a la espera de la inspección que realizará in situ el Tribunal Ambiental el próximo 2 de octubre. De resultar favorable para la empresa, Opazo ingresará una solicitud de alzamiento de la cautelar o la disminución de las restricciones para poder extraer el material ya acopiado, lo que le permitiría a la empresa seguir operando durante este 2024.