Masiva fue la movilización que los trabajadores directos e indirectos de la compañía minera Quiborax S.A. realizacron este miércoles 21 de agosto en la ciudad de Arica. Con el apoyo de las comunidades, marcharon hasta las oficinas de la Gobernación Regional de Arica exigiendo protección para los más de 2 mil puestos de trabajos amenazados por la demanda que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lleva en contra de la empresa.
Dicha demanda del CDE fue interpuesta el pasado 15 de julio ante el Primer Tribunal de Antofagasta en contra de Quiborax S.A., acusando a la productora de ácido bórico de ocasionar, durante 37 años, un «daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable en un área protegida, icónica a nivel nacional e internacional».
Aunque los trabajadores entienden que una demanda de estas características debe seguir su curso, su reclamo va en contra de las medidas cautelares que exige el Consejo para este proceso, principalmente contra la solicitud de cese de actividades por parte de la empresa mientras dure el juicio.
Desde que se dio a conocer la demanda, el Sindicato N°1 de Quiborax ha buscado visibilizar esta situación para evitar que la demanda tenga como daño colateral la afectación de más de 8 mil personas en la zona. Esto poruqe, dicen, agregarle desempleo a una zona afectada por la crisis migratoria sería condenar a la ciudad de la eterna primavera a un frío e interminable invierno.
Más inestabilidad para una zona extrema
“Nosotros no estamos de acuerdo, es una medida muy excesiva”, plantea Roberto Hernández, presidente del Sindicato N°1 de Quiborax. El dirigente comenta que el pasado 4 de julio se enteraron por la prensa de esta demanda, fecha en la que se reunieron con la compañía para comprender las implicancias de la medida cautelar.
“El Estado no tiene conciencia del daño social que va a suceder en la ciudad de Arica, zona extrema impactada por la delincuencia, la migración y ahora la cesantía”, asegura.
El Sindicato N°2 de la empresa también se ha hecho parte de esta lucha. Martín Venegas, tesorero de esta organización, también argumenta que el cierre de las faenas en el Salar de Suriré generarán inestabilidad social en la zona, esperando que las autoridades resuelvan a conciencia. “El 9 de septiembre el Estado tiene que hacer valer o negar la cautelar, entonces, esperamos que el gobierno se ponga la mano en el corazón y retire la cautelar de la demanda”, desea.
Lamentablemente, la jornada de este miércoles no tuvo el resultado esperado. Así lo manifiesta Gabriel Carvajal, tesorero del Sindicato N°1, quien asegura que lo que recibieron en esta jornada fue “un portazo” por parte de la gobernación. “No dieron la cara, no quiso salir ningún representante y bueno aquí la gente, como pueden ver, esperó pero nadie quiso salir”, lamenta.
Quien si ha estado con los trabajadores ha sido la FMC a través de su presidente Felipe Román, quien, pese a la pésima respuesta por parte de las autoridades, se mostró optimista frente a la organización obrera en Arica. “Estas son instancias de felicitaciones, ya que hemos visto como los trabajadores y trabajadoras se han unido en una causa común para poder sacar adelante temas de contingencias propias y claramente también de interés de la comunidad”, proclama.